Más de un mes y medio de protestas continuadas en Chile y la respuesta de la clase política gobernante se ha reducido a críticas y represión. Bastó que aparecieran los primeros datos sobre el impacto del estallido social en la economía para que la administración de Sebastián Piñera se sobresaltara e inmediatamente lanzara un plan de contingencia. Conclusión exprés: no importa cuánto grite la gente sus necesidades, que nadie moverá un dedo; pero si la que se chilla es la caja contadora, todos a correr.

Es así como se profundiza un diálogo de sordos: los chilenos exigen en las calles un cambio de modelo y el ejecutivo destina fondos millonarios, concretamente 5 mil 500 millones de un palo, a reparar las fracturas que tal modelo ha sufrido como consecuencia de la paralización del país. Piñera y los suyos buscan reconstruir a toda costa lo que la ciudadanía quiere destruir, un síntoma inequívoco de que no habrá reconciliación posible entre las partes.

Tal certeza encierra un grave peligro, que todo sea coyuntural y nada cambie después de tantas vidas cegadas y tantos vivos cegados, de tanta lucha desgastante y tantas transgresiones a los derechos. En este caso, la magnitud de la indignación popular no parece conducir al propósito del explote. Aún y cuando Piñera tiene su popularidad a gatas —todas las encuestas sitúan su desaprobación por debajo del 10% y algunas incluso en menos de 5 puntos— y a pesar de la resistencia de los manifestantes, que no ha menguado ni siquiera ante tamaña cantidad de atropellos en contra, el status quo luce impenetrable, sin asomo de ceder en temas estructurales y cada vez está más lejos la idea de una ruptura de la institucionalidad, en otras palabras, que el presidente abandone la Moneda.

La crisis no parece desbordar al mandatario, porque tiene al poder económico de su lado, el de casa y el de más allá de fronteras. Más ahora que pasó de declararle la guerra al pueblo a dárselas de comprensivo y generoso. Como nueva estrategia disuasoria ha prometido un bono de aproximadamente 124 dólares a familias pobres, que sus funcionarios le estimaron en 1,3 millones de hogares, y así «aliviar» la situación de descontento. Bien se ajustaría el verbo «aplacar» en lugar del utilizado para definir este gesto de aparente empatía que suena más a caridad.

Otra de las promesas con las que pretende revertir la agitación social es la de generar nuevos puestos de trabajo, la cifra tope es de 100 mil. Sin embargo, Piñera no estaría más que devolviéndole un empleo a los que lo perdieron durante las manifestaciones. Es prácticamente el mismo número de los que fueron despedidos por ser parte del paro nacional. Dos migajas en medio de su paquete de salvamento para empresarios e inversores, y en menor medida para la micro, pequeña y mediana empresa. Para esos sí toda la atención a sus reclamos, aunque pinta difícil revertir en tan poco tiempo la desaceleración económica con la que finalizará 2019 y alcanzará al año entrante. Comienzan a advertir los expertos, y asumir el propio gobierno, que el crecimiento de 2020 apenas si sería del 1%. Lo que es peor, la contracción podría durar hasta 2022. Y junto a las lamentaciones, la noticia de que para las necesidades de financiamiento se acudirá a más endeudamiento, unos 9 mil millones. Deuda que más adelante será pagada a costa del chileno de a pie en una historia de nunca acabar.

«Pobre Chile que se desploma, la economía más próspera de Latinoamérica se resiente por causa de unos vándalos pagados por el castrochavismo y sus secuaces del Foro de Sao Paulo». Resumen caricaturesco de las construcciones mediáticas que pretenden satanizar la protesta y anular sus legítimas causas, esas que parten de la enorme desigualdad social en una nación que ha vivido las últimas 3 décadas para estadísticas macroeconómicas y que ha exhibido la opulencia de unos pocos como fachada de modelo próspero. Ver en los estudiantes, trabajadores, amas de casa y pensionados a una guerrilla urbana es cuando menos ridículo y sí la vieja excusa del cuento del coco que se viene usando desde que los círculos de poder en Estados Unidos convirtieron a las gestiones de corte comunista o socialista en el enemigo del progreso y la democracia. 

El gobierno chileno no tiene planeado salirse de su faceta de negación de la realidad, al menos de la realidad de los de abajo, los que reciben chorros de agua, gases tóxicos, perdigones, bastonazos, encierros arbitrarios, vejaciones de las más bárbaras. Desde el inicio del despertar popular las soluciones han sido esquivas. Primero, renovación del gabinete como si rostros nuevos implicase políticas distintas. Luego vino el mea culpa superficial para intentar calmar a los manifestantes desde un reconocimiento vago de sus demandas y, recientemente, el anuncio de medidas que van el sentido estrictamente contrario a lo que se reclama en plazas y avenidas.