Perú atraviesa una crisis política y constitucional. Parece más de lo mismo, porque son fenómenos que se repiten a lo largo de la geografía latinoamericana, y que no se quedan en esta parte del mundo, también se muestran en toda su crudeza en Europa y Asia, y por supuesto, dentro de Estados Unidos, donde la administración Trump, tiende a semejarse a un castillo de naipes si vemos cómo caen uno tras otro los cercanos al presidente.

Pero en el caso peruano, la semana comenzaba con un ultimátum presidencial. El mismísimo Martín Vizcarra sorprendía a todos un domingo en la noche para exigir a su Congreso aprobar un paquete de reformas que él había propuesto hace unos 40 días atrás, y de lo contrario, amenazaba con disolver el legislativo, un terremoto de poderes en una nación que no logra estabilizarse. Tengamos en cuenta que Vizcarra es el resultado de otra crisis precedente, o la misma extendida en el tiempo, si se quiere. Tuvo que suceder a un defenestrado Pedro Pablo Kuczynski, que dimitió solo para no ser expulsado tras la filtración de los «Kenjivideos», materiales incriminatorios contra PPK dados a conocer por el fujimorismo, esa fuerza política que lleva consigo el lastre de la criminal dictadura, pero cuyos hijos, en este caso la excandidata Keiko, sigue empeñada en hacerse con el poder, aunque cada día con más impopularidad. Es entonces que Vizcarra es un Jefe de Estado situacional, era el primer vicepresidente, a quien por constitución le tocaba suplir al número uno si este era inhabilitado o renunciaba.

Si bien no puede decirse que no haya sido electo, pues en el caso peruano el cargo de vice también es de elección popular, es un hombre que nadie hubiese pensado presidenciable, pero que después de 6 meses al frente del gobierno, se creyese que pretende postergarse en el puesto —teme a caer en la ola de políticos en desgracia, con trapos para lavar sacados a la luz pública o simplemente busca salir airoso de su coyuntura sin ser uno más que se sentó en la silla presidencial por puro milagro— y acaba de hacer una jugada inteligente, audaz y que evidentemente le da un aire populista: el hecho de querer limpiar la podredumbre de corrupción del país, porque créalo, los corruptos en Perú ocupan escaños en el Parlamento, visten togas y tienen altas responsabilidades en la esfera ministerial e institucional. Baste decir, que después del escándalo de marzo que llevó al pedido de vacancia contra Kuczynski, en julio se destapó otro escándalo de jueces vendiendo sentencias en pleno tráfico de influencias, que hizo reventar hasta al mismísimo Ministro de Justicia.

La pregunta es: ¿Martín Vizcarra podía o no desbaratar el congreso? Sí, hay un artículo que ampara la figura legal de «cuestión de confianza». Se trata de un pedido del ejecutivo al legislativo para que respalde políticas de gobierno, si se produce la negativa dos veces, el presidente puede disolver el parlamento. Y si esta especie de moción de censura desfavorece a Vizcarra, se convertiría en la segunda vez que el parlamento se opone, pues este mismo cuerpo ya desmanteló un gabinete presidencial durante la era PPK. Y convocar a nuevos comicios es lo que haría el mandatario peruano si tras la convocatoria extraordinaria para que se aprobasen sus reformas, no procedía la luz verde.

¿Qué dicen las reformas? Son 4 que en general pretenden parar la corrupción reinante. Una de ellas propone restablecer la bicameralidad legislativa anulada por Alberto Fujimori. Otra plantea limitar la reelección indefinida de la que hoy día gozan los congresistas y dejarla solamente en dos períodos —esta posibilidad de prórroga en el cargo no existe para alcaldes, gobernadores ni siquiera para el presidente de la república, por lo que muchos se cuestionaban que los diputados estuviesen exceptuados. Como parte de las iniciativas, se busca que las organizaciones políticas rindan cuentas de sus ingresos y gastos dentro y fuera de las campañas electorales, así como establecer la prohibición de aporten anónimos o de origen ilícito.

La cuarta de las medidas, que ya de hecho fue la primera en aprobarse 48 horas después de dado el ultimátum, es la de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, la entidad que elije los jueces y que como ya se ha expuesto, es una de las ramas más desprestigiadas dentro del país. Dos días después de la presión lanzada por Vizcarra, el Congreso ya aceptó, por unanimidad de los presentes, rebautizar el organismo como Junta Nacional de Justicia, la cual, a partir de ahora, seleccionará a los jueces y magistrados por concurso público de méritos y evaluación personal y los nombrados no podrán tampoco ser reelectos.

Es decir que, de la reticencia, los parlamentarios pasaron a la acción y comenzaron a analizar en profundidad y positividad los proyectos de ley que posteriormente se someterán a referendo popular. Definitivamente primó el temor a los truenos de disolución y prefirieron conservar sus escaños para no alterar la correlación de fuerzas del momento. Es así que se le otorgó el voto de confianza al presidente por 82 votos frente a 22 en contra y 14 abstenciones.

La ciudadanía quiere las reformas, quiere sobre todo parar la depravación y la inmoralidad de sus gobernantes. El fujimorismo, en cambio, se oponía fuertemente a esto porque le afectaba directamente. Pero mucho más tenía que perder la oposición pues si había elecciones legislativas anticipadas, Fuerza Popular, el partido de los Fujimori ahora en mayoría, hubiese menguado en la cantidad de asientos y podría haberse beneficiarse el partido en el poder, en este minuto con poco respaldo.

A pesar del triunfo del ejecutivo y de que el capítulo más crítico de la crisis haya pasado, se avecinan días complejos para el país que acogió la VIII Cumbre de las Américas cuyo tema era precisamente la corrupción y sus anteriores presidentes están o tras las rejas o en vías para ello.