A partir del 20 de enero del 2021, comenzó la gestión gubernamental de la Administración Biden y voceros de su gobierno declararon que la política hacia Cuba se encontraba bajo proceso de revisión. Esta aseveración, en la práctica, indicaba que la nueva burocracia estaba evaluando qué elementos de la política de Trump debían ser eliminados y cuáles se mantendrían. 

Teniendo en cuenta las promesas de campaña de Biden, la mayoría de los observadores y analistas de la política hacia Cuba daban por hecho que las remesas, los viajes, el restablecimiento de los servicios consulares y cierta reanimación del diálogo bilateral estarían contemplados dentro un “primer paquete de medidas”. También había cierto consenso en que estos pasos se adoptarían con agilidad, lo que en términos temporales se traduciría en que los anuncios tendrían lugar en los primeros 100 días o máximo en los primeros seis meses del 2021.

No obstante, la realidad fue otra totalmente diferente y desde que se inició el nuevo gobierno se registraron acciones y declaraciones muy claras que indicaban que la política de máxima de presión contra Cuba continuaría y sus efectos dañinos contra el pueblo cubano se multiplicarían exponencialmente en el contexto de la pandemia. El gobierno de Biden, desde su arrancada y mucho antes del 11 de julio, ya había decidido abrazar la política de Trump hacia la Isla debido a que le era funcional a sus intereses. 

En ese sentido, resulta necesario abordar cinco manifestaciones de la política de Biden hacia Cuba que reflejan esta decisión: 

1) Desaparece por completo en la retórica del nuevo gobierno la “urgencia” de eliminar las políticas fallidas de Trump. Es decir, no tenían ningún apuro en el desmontaje del enfoque hostil y confrontacional. Esto se expresó con mayor fuerza en la frase “Cuba no es prioridad”. 

En la práctica política, esta afirmación tenía cuatro implicaciones principales: 1) el proceso de toma de decisiones tiende a ser más prolongado, lo que incide en que tarde más tiempo lograr cualquier progreso en la relación bilateral; 2) prevalece la tendencia a proponer un enfoque incremental que se expresa en la gradualidad y los “pequeños pasos”; 3) tendencia a introducir la concepción del “quid pro quo” y los condicionamientos para avanzar en determinados temas y 4) mayor susceptibilidad a las presiones de las fuerzas que pretenden obstaculizar el mejoramiento de los vínculos.

Esencialmente, desde la perspectiva de los decisores en Washington no había “apetito” para modificar el status quo, lo que conlleva a una situación de inamovilidad que es captada por sectores dentro del gobierno que se oponen a la política de máxima presión y por otros actores dentro de la sociedad estadounidense que consideran debe desmontarse el “enfoque de política” de Trump. Este escenario, le era muy conveniente a los sectores anticubanos que sí tenían un “hambre voraz” y el tema Cuba lo consideraban como de máxima prioridad. 

2) Los voceros del gobierno enfocan sus pronunciamientos en la denominada situación de los derechos humanos en Cuba y fuertes críticas al gobierno. Estas declaraciones fueron configurando un clima de tensión bilateral que no permitía ningún tipo de intercambio oficial constructivo. 

La Administración Biden, desde muy temprano, dejó claro que el proceso de revisión de la política tenía como principio número uno: “la democracia y los derechos humanos”. Esta visión implicaba que cualquier ajuste o cambio en la política de Trump sería evaluada desde esa perspectiva que constituye un área donde ambos gobiernos tienen fuertes diferencias que son antagónicas e irreconciliables. Al erigir este tema como la piedra angular de cualquier consideración sobre las relaciones con Cuba, se estaba privilegiando la confrontación por encima del intercambio y el diálogo. 

En términos prácticos, este “compromiso” con los derechos humanos y la democracia se expresó en un respaldo abierto y provocativo a grupos pagados por el gobierno estadounidense para implementar sus planes de “cambio de régimen”. Entre enero y marzo del 2021, fue evidente y público el apoyo directo de la Administración Biden a este tipo de acciones. Resulta lógico suponer que los decisores gubernamentales en Washington, era conscientes de que su accionar no contribuía para nada en generar condiciones para un eventual mejoramiento de las relaciones. Por lo tanto, eran acciones premeditadas y calculadas. 

3) Se establece con suficiente claridad que no se retornaría a la política de Obama. Desde las primeras semanas con el contenido de los pronunciamientos oficiales y las acciones que desplegaron al incentivar el camino de la hostilidad, fueron muy elocuentes en que retornar a la etapa de Obama no estaba contemplado en sus planes. De hecho, uno de los asesores de Biden y con influencia en el tema Cuba, enfatizó que “Biden no es Obama”.

De esta manera, el nuevo gobierno estaba confirmando públicamente lo que era evidente por su comportamiento. No tenían ningún interés en retomar el denominado proceso hacia la normalización que estaba sustentado en pilares como: reconocimiento del gobierno cubano como interlocutor legítimo; no se imponen condicionamientos ni se exigen concesiones; diálogo en condiciones de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo; voluntad para conversar sobre las diferencias; la confrontación pasa a un segundo plano y prevalecen los intereses nacionales de ambas partes. Ninguno de estos pilares estaba contemplado en la lógica que imperaba desde Washington.

El gobierno de Biden con una de sus primeras acciones al publicar en el registro federal la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y después en abril al incorporar a la Isla en la certificación de naciones que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, estaba prácticamente sepultando cualquier esperanza de retomar la senda del diálogo bilateral bajo condiciones similares a la época de Obama. 

4) El gobierno estadounidense privilegia en el proceso de consultas a la derecha cubanoamericana. Durante el proceso de revisión de cualquier política en Estados Unidos, participan múltiples actores tanto gubernamentales como no gubernamentales. En el caso de Cuba, prácticamente desde el inicio, el gobierno de Biden decidió que determinados representantes de la derecha cubanoamericana tendrían prioridad en sus planteamientos y en su nivel de acceso.

La figura más descollante fue el senador Bob Menéndez, quien a través de declaraciones, que nunca fueron desmentidas, afirmaba con mucha seguridad que estaba preparando informes con propuestas para la Casa Blanca y que sostenía intercambios con altos funcionarios gubernamentales. La capacidad de influencia que le permitieron consolidar a Menéndez, pudo ser constatada después de los sucesos del 11 de julio cuando participó de manera activa en las reuniones de alto nivel que sostuvo el gobierno con representantes de la comunidad cubanoamericana.   

En esencia, las opiniones que estaban siendo escuchadas con mayor fuerza en los análisis del curso de acción a seguir en la política hacia Cuba, tenían su origen en la visión e intereses de un grupo de actores cubanoamericanos en detrimento de otros enfoques de sectores de la sociedad estadounidense que favorecen una política constructiva sustentada en el diálogo y orientada estratégicamente a la normalización de las relaciones. 

5) La Casa Blanca se niega a realizar flexibilizaciones en la política, por mínimas que sean, atendiendo a razones humanitarias ante la situación compleja de la pandemia en Cuba. El gobierno de Biden durante varios meses, estuvo observando el severo impacto de la COVID – 19 en la Isla y estaba en sus manos la posibilidad de adoptar medidas de flexibilización puntuales ante este contexto. Su decisión de no hacer nada fue un acto deliberado y meditado con el propósito de agravar la situación interna cubana. 

Más allá de las consideraciones políticas que prevalecían en Washington sobre cómo manejar el tema Cuba, adoptar pasos limitados y con carácter temporal para aliviar el fuerte impacto de la pandemia en el pueblo cubano era una decisión que podría haberse tomado sin incurrir en costos políticos. Por lo tanto, era evidente que existía una convicción muy fuerte de emplear la COVID – 19 como un instrumento más para satisfacer sus intereses políticos. Al utilizarla como un arma contra Cuba, se estaban creando las condiciones ideales para que se produjeran eventos como los del 11 de julio. No actuar en estas circunstancias excepcionales, es también una manera de ser responsable de las implicaciones que tiene ese comportamiento. 

En esencia, el contexto previo a los sucesos del 11 de julio, estuvo matizado en la política hacia Cuba por un gobierno de Biden que proyectaba una mezcla de falta de determinación, escasa creatividad, inconsistencia y un marcado propósito por dañar al pueblo cubano y contraponerlo al gobierno. En ese sentido, debemos hacernos tres preguntas que pretendemos responder en nuestro próximo artículo: ¿qué factores explican este comportamiento de la Administración Biden de continuar la política de Trump? ¿cuál fue la lectura inmediata en Washington de lo que sucedió el 11 de julio en la Isla? ¿cuáles son los ejes estratégicos que orientan en estos momentos la política de Biden hacia Cuba?