Los eventos acontecidos en Cuba durante los días 11 y 12 de julio, configuraron una situación sin precedentes que tuvo interpretaciones y reacciones desde los formuladores de política en Washington. Antes de estos sucesos, el presidente Biden no había tenido la necesidad de abordar el tema Cuba. Ni siquiera a través de una mención puntual empleando las redes sociales. La retórica había recaído en algunos voceros de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.  

Era evidente que lo que estaba sucediendo en la isla del Caribe durante los primeros seis meses del 2021, no motivaban al mandatario estadounidense a realizar ningún pronunciamiento. No obstante, sí se había adoptado la decisión de continuar sin modificaciones la política de máxima de presión de Trump. Altos funcionarios del gobierno, tras el argumento de que la política estaba “bajo revisión”, intentaban disfrazar y matizar la adopción de un enfoque que empleaba la COVID–19 como un instrumento para deteriorar la situación interna cubana.

Algunos expertos y estudiosos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ante la interrogante de por qué Biden mantenía inamovible la política de Trump acudían a tres argumentos principales: 1) los intereses político electorales del gobierno estadounidense de cara al voto cubanoamericano o lo que han calificado como el “miedo a la Florida” 2) la capacidad de influencia de los legisladores anticubanos, en especial, el senador Bob Menéndez y 3) la concepción ideológica conservadora que prevalece en altos funcionarios gubernamentales o lo que han denominado “la mentalidad de Guerra Fría”.

Si bien esos argumentos pueden considerarse factores que han incidido en la política de Biden hacia Cuba, consideramos que no son suficientes para explicar la decisión del actual gobierno en continuar el curso hostil y confrontacional de la etapa de Trump. Si evaluamos con integralidad, objetividad y responsabilidad la situación, resulta notorio que varios académicos y analistas han omitido referirse a uno de los factores claves que explican por qué no se han concretado las promesas de campaña.

En este sentido, valoramos que el factor decisivo ha sido la percepción que prevalece en el gobierno estadounidense que, ante la compleja situación por la que transita Cuba, existe una oportunidad única para forzar cambios internos. Por lo tanto, hay tres elementos que son necesarios mencionar y que contribuyen a comprender la lógica desde Washington:

1) Concluyeron que la política de máxima presión de Trump era funcional a sus intereses. Flexibilizarla sería darle “oxígeno” al gobierno cubano o tirarles una especie de salvavidas.

2) Fue una decisión deliberada y meditada para generar un deterioro sustancial e insostenible de la situación interna en Cuba orientado a generar irritación en amplios sectores poblacionales.

3) Emplear la COVID – 19 como un instrumento para provocar un escenario de confrontación entre el gobierno cubano y la población que tiene un efecto dañino multiplicador en un contexto agravado por pico pandémico.

Atendiendo a estos elementos, no resulta creíble sostener y darle crédito a la retórica empleada por altos funcionarios del gobierno de Biden cuando afirmaron que a partir de los acontecimientos del 11 de julio: “el momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político”. Realmente, desde mucho antes de esos eventos ya se había tomado la decisión de dañar sistemáticamente al pueblo cubano sustentado en un cálculo político totalmente errado.

En las horas y días inmediatos después de 11 de julio, el tema Cuba se convirtió en un asunto de la más alta prioridad para los formuladores de política en Washington. El mandatario estadounidense en apenas una semana, realizó varios pronunciamientos sobre la Isla que se podrían calificar de erráticos, ambivalentes, inconsistentes que reflejaban con claridad un mal asesoramiento. En un lapso de pocos días, Biden llegó a calificar a Cuba como estado “fallido”; planteó que enviaría vacunas y afirmó que no autorizaría las remesas a la Isla.

El 22 de julio, la Casa Blanca publicó la denominada “Hoja Informativa sobre Cuba” en la que delineaba los pasos que adoptaría empleando los siguientes términos: exigir rendición de cuentas al régimen cubano; involucrar a la comunidad internacional en la condena a Cuba; asegurar que los cubanos tengan acceso a Internet; escuchar a los líderes cubanoamericanos; revisión de la política sobre remesas y reasignación del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

En términos prácticos, los acontecimientos del 11 de julio generaron muchas expectativas y entusiasmo en sectores que, desde sus deseos fervientes de cambiar el sistema socioeconómico y político en Cuba, promovieron las siguientes percepciones: 1) mayoría del pueblo cubano no apoya sistema socioeconómico y político; 2) respaldo popular y confianza en el nuevo liderazgo político está erosionado; 3) política máxima presión obligará al gobierno cubano a realizar concesiones; 4) determinados actores de la sociedad cubana tienen capacidad de forzar “cambio de régimen” y 5) existen condiciones para avanzar en aislamiento internacional.

Después de varias semanas, este entusiasmo y creencias fueron debilitándose a medida que la situación en la Isla era evidente que no se convertiría en lo que varios deseaban: una espiral indetenible de manifestaciones y protestas contra el gobierno cubano.

En la actualidad, la política de Biden hacia Cuba está sustentada en cuatro pilares fundamentales que orientan y explican su proyección:

1) Presionar sistemáticamente al gobierno cubano en el plano bilateral e internacional a través de la adopción de medidas coercitivas.

2) Fracturar aceleradamente el consenso popular y erosionar el respaldo en el liderazgo.

3) Desplegar proyectos y acciones ofensivas de “cambio de régimen” para estimular “actores de cambio”.

4) Debilitar y dañar el prestigio internacional de Cuba.

Una política sustentada en estos pilares trae como consecuencia las siguientes implicaciones: incentiva sistemáticamente la confrontación entre ambos gobiernos; prevalecen los condicionamientos para adoptar cualquier avance por mínimo que sea; no se favorece el diálogo y los mecanismos de cooperación; se estimula la confrontación entre el estado y los individuos, así como se promueve la desestabilización.

Una eventual mejoría de las relaciones, transita necesariamente por diseñar una política sustentada en otros pilares. Lamentablemente, las perspectivas en el corto y mediano plazo no son muy halagüeñas.