El presidente Nicolás Maduro había prometido anuncios importantes para el primero de mayo y cuando se pensaba que se trataba solo de un nuevo, aunque significativo aumento salarial, sorprendió al mundo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué estamos hablando? Pues de elegir a un grupo de personas representativas de todo un país para redactar un entramado legal nuevo. Cambiar la Constitución de un país, que es, o debe ser, la biblia de un Estado, y con ello, cambiar también las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados. No son reformas, es una transformación radical.

Se trata de una práctica común de los políticos que llegan al poder con ideas contrarias a las predominantes en el sistema político-económico vigente, para poder consolidar su gestión, que no es el caso venezolano porque aquí la Constitución ya fue cambiada con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y Maduro es su continuador, su heredero político. Esta medida, por tanto, pretende dar una salida a la crisis política, al enfrentamiento de poderes públicos y a la falta de disposición al diálogo de la oposición. ¿No querían elecciones? Ahí les va un proceso electoral: elegir candidatos para un nuevo ordenamiento del país. Claro, esas no son las elecciones que quiere la derecha, porque con estas corren el riesgo que las cosas queden iguales o más teñidas de rojo.

Maduro se propone algo mucho más ambicioso. No quiere sustituir o contradecir sustancialmente el contenido de la Carta Manga actual, que data de 1999 y que fue el resultado de otro proceso constituyente en aquella ocasión propuesto y ejecutado por Chávez para dejar atrás los fundamentos de la llamada cuarta república. Tampoco disolver los poderes, ha dicho que coexistirán. El ahora Jefe de Estado pretende enriquecer aquella con la incorporación de los programas sociales y platear un diálogo superior entre toda la sociedad venezolana, que en este minuto se encuentra profundamente polarizada, en una lucha que a veces parece irreconciliable.

La manipulación en torno a la iniciativa no ha tardado en aparecer. La oposición, a la que le viene bien cualquier argumento distinto a sus propósitos de poder, asegura oportunistamente que Maduro quiere matar la Constituyente de Chávez, sin embargo, durante el anuncio, el jefe de estado dejó claro —Carta Magna en mano— que se trataba de un ejercicio de perfeccionamiento del texto chavista, que incluya muchos más elementos del proyecto social de la Revolución Bolivariana.

«Este es el viejo sueño de Hugo Chávez, pero en 1998 las condiciones no estaban dadas», dijo Maduro al presentar su anuncio. Pero aquí radica el primer peligro de tan arriesgada como valiente decisión: hay que recordar que en 2007 Chávez intentó, sin éxito, una serie de modificaciones a su Constitución que en lo esencial pretendían introducir la palabra socialismo. Aunque por estrecho margen, ese fue el único referendo que perdió el mandatario.

Surgen ahora un grupo de interrogantes que se irán respondiendo a medida que el proceso se ponga en marcha. Y que tienen que ver, en primera instancia, con el procedimiento para la elección de los Constituyentes, o sea, de las personas encargadas de la redacción de la nueva ley fundamental. También si se someterá a referendo popular el texto final.

Por lo pronto, se conoce que se elegirán unos 500 representantes de los distintos estamentos sociales. Maduro ha sido enfático en que deben ser delegados de pueblo y no de partidos o élites. Y es esto lo que más roncha levanta entre la derecha. Porque ellos acumulan el poder proveniente de grupos económicos y Maduro ha lanzado la invitación a indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, juventud, poder comunal, lo que él ha denominado el «poder originario». De ahí que la reacción inicial de los opositores ha sido un llamado a la desobediencia, y más protestas callejeras para desconocer la iniciativa del ejecutivo.

Lo que la derecha llama «un golpe de Estado Constitucional», está amparado en los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna en vigor. El primero de ellos dice: «El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Y le sigue otro que indica que la convocatoria a la Asamblea Constituyente la puede tomar el Presidente de la República, el Parlamento o los Consejos Municipales.

Por tanto, es una propuesta legítima, y una solución que dice mucho de la voluntad de conciliación del ejecutivo chavista, acusado en innumerables ocasiones de dictatorial o totalitario. «Ninguna dictadura convoca al pueblo para que tome en sus manos el poder constituyente originario y refunde el Estado. A la oposición se le cae la matriz de opinión de la supuesta dictadura que hay en Venezuela», afirmó la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz.

Nuevamente el fin es imponer la democracia a la violencia. Venezuela necesita paz y fortalecer su institucionalidad constantemente puesta en tela de juicio. El gobierno responde con armas políticas a la fiebre incendiaria y saboteadora de la oposición.