A pesar de que los primeros diez años del presente siglo en América Latina y el Caribe estuvieron marcados por un sostenido crecimiento económico y la reducción sin precedentes de la desigualdad social, la realidad de los afrodescendientes y los indígenas de la región fue diferente.

Más de 70 millones de personas lograron salir de la pobreza en ese período, pero el logro fue lamentablemente coherente con las matrices de desigualdad que históricamente han caracterizado a Latinoamérica.

Entre dichas matrices, las desigualdades étnicas y raciales ocupan aún un puesto cimero, pese a que desde mediados del siglo pasado se han emprendido acciones y asumido compromisos internacionales para intentar revertir la situación, tal y como apunta el periodista uruguayo Jerónimo Giorgi en uno de los blogs del diario El Observador.

Según señala, en los últimos quince años se ha logrado que los gobiernos de la región fortalezcan los mecanismos relacionados con las poblaciones afrodescendientes. Ello, como consecuencia de los compromisos contraídos a raíz de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 2001, y gracias a las presiones ejercidas por movimientos sociales y diferentes organismos internacionales.

Ejemplos de avances en este sentido son las reformas en la legislación de algunos países para combatir el racismo y fomentar la igualdad, y la instrumentación de políticas que tributan a la igualdad racial y étnica en las oportunidades de acceso a la salud, la educación y el ámbito laboral.

De igual forma, pueden señalarse como positivas las iniciativas que fomentan la participación de organizaciones afrodescendientes e indígenas en las decisiones, mediante «la articulación, aunque incipiente, de los mecanismos gubernamentales».

Así lo resalta el informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Panorama Social de América Latina, en su edición correspondiente al año 2016. No obstante, el documento subraya que, amén de los avances, las brechas entre los marcos legales y la vida cotidiana de las personas afrodescendientes y pertenecientes a otras etnias siguen siendo profundas.

De hecho, la comisión regional de Naciones Unidas apunta que aún hay naciones latinoamericanas que carecen de cualquier normativa al respecto.

Centrado en la población del área con raíces africanas, el citado informe evidencia que la desigualdad étnico-racial, al igual que la socioeconómica, la territorial y la de género, sigue constituyendo «uno de los ejes de la matriz de la desigualdad social en América Latina».

Sostiene que la región es la más desigual del mundo y que el fenómeno se revela en diversos ámbitos del desarrollo social, tales como el estatus socioeconómico, la educación, el trabajo y la salud. A modo de ejemplo apunta que en varios países existe una concentración significativamente alta de la población afrodescendiente en el grupo poblacional de menores ingresos.

Asimismo, el estudio destaca que la desigualdad entre los latinoamericanos afrodescendientes y el resto de la población se ve claramente en indicadores relacionados con la salud, la educación y el mercado de trabajo.

Ejemplos ilustrativos en este sentido son la mortalidad infantil, el acceso a la educación superior, el desempleo y los ingresos por concepto de salario.

De acuerdo con el informe, con la excepción de Argentina, la probabilidad de que un niño afrodescendiente muera antes de cumplir un año de vida es superior a la de los que no lo son. En países como Colombia, Uruguay, Panamá y Brasil son donde se registran las mayores brechas en este particular, puesto que la probabilidad de muerte es entre 1,6 y 1,3 veces mayor entre los bebés afrodescendientes que entre aquellos que pertenecen a otros grupos raciales.

Con respecto a la educación, la proporción de jóvenes de raza negra con edades entre los 18 y 24 años que asisten a un establecimiento educativo es menor que la de sus homólogos de otras razas. La brecha se torna mayor en el caso del ingreso y la asistencia a la educación superior, así también como con las tasas de desempleo.

En el caso de los indígenas la situación no es muy distinta. Sufren las mismas brechas socioeconómicas que los afrodescendientes y la pobreza suele acompañarlos a lo largo de su vida.

Al respecto, un reciente informe del Banco Mundial asegura que nacer de padres indígenas en Latinoamérica eleva de forma marcada la probabilidad de crecer en un ambiente de pobreza. El flagelo afecta al 43% de los hogares de ese segmento poblacional en la región.

Según datos de los últimos censos regionales, correspondientes a 2010, cerca del 8% de la población latinoamericana, unos 42 millones de personas, es indígena. Si a ello agregamos que los afrodescendientes suman unos 111 millones de personas, 21,1% de la población total, podemos ver que las brechas socioeconómicas existentes condenan a la desigualdad a cerca del 30% de los habitantes de América Latina.

El crecimiento de inicios de siglo y las eventuales voluntades políticas no han sido suficientes. Ser negro o indio en la región sigue representando condiciones desfavorecidas socialmente, aunque el sentido común y los logros de algunas naciones demuestran que ello es evitable. La clave: hacer de la superación de las injustas desigualdades socioeconómicas el propósito fundamental del obrar político y social.