Todo comenzó con un nombre: Luis Muiña. Poco conocido, un hombre secundario si se compara con represores más «notorios» de la dictadura argentina (1976-1983). Sin embargo, su caso movilizó a todo un país, no en solidaridad, sino precisamente para impedir que los beneficios que obtuvo por cuenta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia pudieran extenderse al resto de los genocidas encarcelados, esos que causaron el dolor más grande posible a esposas, madres, abuelas, hijos.

Muiña fue noticia a inicios de mayo cuando se le aplicó el artículo 7 de la Ley 24.390, más popular por su denominación 2x1. A través de esta legislación, se le reduce a la mitad la condena al prisionero al computarse dos días por cada una de las jornadas que el recluso pasó sin sentencia firme, es decir, en prisión preventiva. Gracias a ello, Muiña salió en libertad a pesar de haber sido penado con 13 años de cárcel en 2011 por varios delitos, entre ellos, el secuestro y la tortura. Formó parte de un operativo militar que asaltó el Hospital Posadas de Haedo, detuvo a su personal y lo trasladó al centro clandestino «El Chalet»; allí donde una de las víctimas, la enfermera Gladys Cuervo, padeció severos tormentos durante dos meses de privación de sus derechos más elementales. «Me rompieron el esternón, me rompieron varias costillas, me provocaron quemaduras con encendedores y colillas de cigarrillos en el cuello. Tengo quemaduras en los brazos, en las piernas, en los glúteos. Me hicieron el submarino varias veces y me picanearon —golpes de corriente o descargas eléctricas sostenidas en contacto con el cuerpo— otras tantas», relató Gladys a los medios de comunicación luego de conocer que ahora uno de sus torturadores estaba libre.

Las voces de indignación ante tamaña impunidad comenzaron a sumarse, las calles se inundaron de pañuelos blancos, las emblemáticas madres y abuelas de Plaza de Mayo se opusieron a tal barbarie. La justicia y la verdad estaban siendo groseramente atacadas por la decisión de 3 jueces, dos de ellos elegidos por el presidente Mauricio Macri. A Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz,  el impopular mandatario intentó incluso designarlos por decreto, mientras que Elena Highton de Nolasco, la tercera magistrada, consiguió hace pocos meses que el Poder Ejecutivo no insistiese en su intento de jubilarla. Hechos que dejan entrever una peligrosa relación de complicidad entre el actual gobierno argentino y este intento por favorecer a los asesinos del pasado dictatorial. Adquieren entonces bases sólidas las decenas de carteles que en las sucesivas manifestaciones contra el fallo judicial igualaban el 2x1 a Macri.

Lo sucedido en la nación austral por cuenta del Supremo deja por fuera el derecho internacional que estipula que no debe aplicarse ese tipo de reducción de condena a los crímenes de lesa humanidad, los cuales, al ser imprescriptibles, no pueden ser ni indultados ni conmutada su pena. Además, la Ley del 2x1 estuvo vigente entre 1994 y 2001, por tanto, no era efectiva cuando Muiña cometió las violaciones por las que fue procesado (1976), ni cuando fue detenido (2007), ni cuando se emitió la condena (2011). Se trataba de una ley de excepción, concebida para aliviar la situación de hacinamiento en los penales argentinos, superpoblados de reclusos sin sentencia.

De acuerdo con el exjuez Ricardo Gil Lavedra, quien integrara el tribunal que en 1985 castigó a los militares de la dictadura en el llamado Juicio de las Juntas, «los crímenes de la dictadura son un punto de consenso en la sociedad por la necesidad de juzgarlos y de que el castigo sea proporcional a la gravedad. El fallo de la Corte Suprema desconoció esto».

Hasta Naciones Unidas cuestionó la polémica actuación de la justicia argentina al recordarle que «no pueden invocarse disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional».

La movilización popular y el repudio extendido a que otros cientos de represores encarcelados recibieran tal privilegio pudieron lograr que el Congreso frenara el 2x1. El tema pasó a ser un asunto político y obligó al legislativo a actuar. El pasado 12 de mayo el Senado y la Cámara de Diputados promulgaron una nueva legislación mediante la cual el 2x1 «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional». La normativa establece también que «el cómputo del 2x1 sólo podrá aplicarse a aquellos procesados que estuvieron detenidos mientras la ley estuvo en uso —entre 1994 y 2001—, y esta es la interpretación auténtica que debe hacerse del beneficio como ley más benigna».

De no haberse actuado así, unos 700 asesinos podrían haber sido favorecidos, bien suavizadas sus penas o definitivamente liberados. Baste decir que cerca de una veintena ya había solicitado el beneficio del 2x1 en las últimas semanas, luego de conocerse el caso Muiña.