El reciente fracaso de una incursión de mercenarios en las costas de Venezuela denominada como «Operación Gedeón», es el resultado directo de la política de «cambio de régimen» de Estados Unidos contra esa nación suramericana. Para lograr ese propósito, Washington ha desplegado una estrategia que contempla el empleo de varios instrumentos, múltiples métodos y la participación de sus estructuras gubernamentales, mecanismos internacionales y gobiernos de terceros países. Dentro de esta concepción se han planificado intentos de golpes de estado, incursiones terrestres de paramilitares, acciones terroristas y atentados.    

Desde enero del 2019, esta ofensiva contra Caracas se encuentra en su etapa más agresiva calificada por la propia Administración Trump como la «política de máxima presión». En términos prácticos, eso significa que están dispuestos a autorizar cualquier tipo de acciones que contribuyan al derrocamiento del gobierno venezolano. No obstante, la invasión militar con la participación directa de efectivos estadounidenses, por el momento, se considera que no es factible por sus serias implicaciones en materia de seguridad nacional y regional. En ese contexto, fuera de esa opción, el resto de las variantes son aceptadas y tienen el visto bueno de la Casa Blanca que ha promovido un clima que favorece este tipo de «aventuras» mercenarias.

Teniendo en cuenta estos elementos, podría concluirse que la «Operación Gedeón» tiene todas las características de una «operación encubierta» aunque plagada de erros estratégicos y operacionales. La acción resultó en un gran fiasco y desde su concepción no tenía ni la más mínima posibilidad de tener éxito. La forma caótica en que se planeó esta incursión, la infraestructura logística, las características de los participantes y su falta de compartimentación, podría llevarnos a pensar que el gobierno estadounidense no estuvo involucrado en este fracaso. En ese sentido, las preguntas claves serían ¿por qué Washington respaldaría esta incursión fallida? ¿qué sabían de esta operación y cuál fue su nivel de participación?

Como Estados Unidos tiene una guerra abierta contra Venezuela y se encuentra en un momento de desespero ante su incapacidad para lograr sus objetivos a pesar de su poderío nacional, cualquier variante abierta o «encubierta» que contemple como finalidad la salida de Nicolás Maduro de Miraflores es funcional a los intereses del gobierno estadounidense y tendrá de inmediato su aprobación. Dentro de la lógica de Washington, es necesario desplegar varias operaciones de este tipo simultáneamente. Por lo tanto, en la actualidad deben estar en proceso de evaluación, planeación, financiamiento y ejecución múltiples operaciones debido a que existe el dinero y están los mercenarios o sicarios dispuestos a involucrarse en estas actividades que son respaldadas por la Administración Trump. La «Operación Gedeón» es solo una dentro de muchas que están en pleno desarrollo.    

Este tipo de «operaciones encubiertas» tienen como ventaja para el gobierno estadounidense que puede desmarcase públicamente sobre su participación debido a que apuestan al principio de la «negación plausible» al que han recurrido varias veces en la historia de sus intervenciones en América Latina. La esencia es: Estados Unidos la aprueba y brinda apoyo, pero adopta medidas para que no pueda demostrarse su participación directa. Cuando se aplica esta fórmula estamos en presencia de acciones que son abiertamente ilegales, repudiables y altamente riesgosas sin garantías de éxito. La «Operación Gedeón» contaba con esos tres requisitos, pero cada vez es menos creíble este desmarcaje de Washington.  

En ese sentido, Donald Trump y Mike Pompeo en recientes declaraciones, ante el escenario del fracaso que ya tenían modelado como posible sus agencias de seguridad y defensa, han manifestado que su país no estuvo involucrado en los hechos. Como parte de su frustración y reconocimiento a que la operación fue un desastre total han planteado que si hubieran sido ellos el resultado final sería diferente y el mandatario estadounidense llegó a decir que él «hubiera enviado al ejército». En el caso de Pompeo, lo más interesante de sus pronunciamientos fue su afirmación que el «gobierno estadounidense no tuvo una participación directa», lo que ha generado suspicacia. En este contexto, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes ya le ha exigido al ejecutivo que explique el conocimiento que tenía sobre esta incursión. Todavía no han recibido respuesta.

Cuando se analiza la evolución de esta operación desde sus inicios, no es posible considerar la idea que Estados Unidos no estuviera involucrado por las siguientes razones:

1.  Jordan Goudreau, ex boina verde del ejército estadounidense y dueño de la compañía privada Silvercorp USA encargada de organizar la operación, firmó un contrato con representantes del autoproclamado Juan Guaidó, quien sería el jefe máximo de la incursión mercenaria. Guaidó es un instrumento del gobierno estadounidense y cualquier acción que despliega está autorizada por Washington. Por lo tanto, el gobierno de Trump le dio el visto bueno y su respaldo.

2.  La operación requería mucho dinero para cuestiones de logística, entrenamiento y pagos a los instructores estadounidenses involucrados. Según el contrato, el monto a pagar estaba por encima de los 200 millones de dólares. Por lo tanto, si tenemos en cuenta las cifras millonarias destinadas por el gobierno estadounidense para lograr el «cambio de régimen» en Venezuela, es evidente que el financiamiento proviene de Washington debido a que la oposición venezolana no cuenta por sí misma con esos recursos financieros.

3.  La base de entrenamiento en Colombia era del conocimiento de las autoridades de ese país que consintieron y respaldaron este campo de operaciones. Por lo tanto, esta acción permisiva de los colombianos no es posible si no existiera el consentimiento de Estados Unidos, lo que obedece a una concertación de acciones que ha sido permanente.

4.  La participación de compañías privadas estadounidenses en «operaciones encubiertas» contra terceros países constituye una práctica de Washington que viene realizando desde hace varios años. Estas empresas son utilizadas y monitoreadas por instituciones especializadas de Estados Unidos en el área de la seguridad nacional como la CIA y el FBI. Por lo tanto, no es posible el involucramiento de Silvercorp USA en una acción contra un país priorizado para la política exterior estadounidense como Venezuela sin la incidencia de estas agencias del gobierno en el seguimiento al tema para estar en condiciones de evaluar los riesgos operacionales y políticos.    

Teniendo en cuenta estos elementos, es evidente que Estados Unidos participó activamente en esta operación fallida debido a que conocía el plan desde su concepción, brindó el financiamiento para su despliegue, autorizó a Guaidó y sus representantes para que se involucraran en esta aventura, coordinó con el gobierno colombiano para el entrenamiento de los mercenarios y las agencias de seguridad brindaron seguimiento a la evolución de la operación para garantizar, en especial, que la «negación plausible» se cumpliera.