Una violación sexual es un acto inhumano, atroz, impensable; pero, si esa violación es perpetrada hacia una niña o niño, queda poca salvación para un alma capaz de empañar la pureza de esos seres de luz que son los infantes.

Sin embargo, tendré que coincidir con Shakespeare cuando enunciaba que «El infierno está vacío y todos los demonios están aquí», específicamente, dentro del Ejército colombiano.

A finales del mes de junio, el diario español El País, hacía referencia a una serie de escándalos contra esta fuerza del orden, quienes fueron acusados de la violación colectiva de una niña perteneciente a la comunidad indígena embera chamí.

A este impactante hecho se sumó, días después, un caso ocurrido el año pasado, donde una pequeña de 15 años, del pueblo nómada nukak makú fue también mancillada.

De acuerdo con El País, «el 8 de septiembre la menor fue reportada como desaparecida y solo volvió a aparecer cinco días después completamente desnuda, luego de permanecer encerrada en el batallón Joaquín París, donde fue sometida a todo tipo de abusos».

Por su parte, el analista Ariel Ávila expresó que según los relatos de la pequeña lo ocurrido puede considerarse como un caso de esclavitud sexual.

Asimismo, en uno de los reportes de la defensoría del pueblo se pudo saber que los hechos criminales fueron informados a la Fiscalía, la Policía y al mismo Ejército, lo que sin duda demuestra que el gobierno de Iván Duque debería estar menos preocupado por lo que pasa con Cuba y Venezuela y más atento a las violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de su territorio.

En un «intento» de limpiar la imagen del ejército colombiano, luego de grandes manifestaciones en busca de justicia, el comandante de este cuerpo militar, el general Eduardo Zapateiro, dio a conocer el 1ro. de julio que al menos 118 miembros de la Fuerza estaban relacionados con varios casos de abuso sexual a menores de edad en los últimos cuatro años.

En la noticia, publicada por la multinacional Telesur, Zapateiro expresaba que no era posible culpar a toda la institución por lo sucedido, sin embargo, 73 de los presuntos abusadores sexuales continuaban vinculados al Ejército Nacional.

Mientras el comandante aseguraba que estos procesos «estaban en manos de la Fiscalía y los organismos competentes», lo cierto es que fue necesaria la presión pública y de los medios para que estos organismo tomaran cartas en el asunto.

Etiquetas como #Emberaquémonos y #EjércitoViolador motivaron el debate y el repudio en las redes sociales, iniciativas que han sido reconocidas en importantes publicaciones a nivel internacional.

Pero, esto no es suficiente si los principales responsables de las violaciones sexuales son respaldados por sus superiores o si las investigaciones quedan flotando en un limbo judicial, donde es más importante la burocracia que la justicia.

¿Qué seguridad pueden tener las comunidades más vulnerables si quienes deben velar por su bienestar son los primeros criminales? ¿Están a salvo las niñas indígenas colombianas?