A un mes de los comicios presidenciales en Colombia, el país vive un estremecimiento noticioso tras otro, típico de esta recta electoral, y donde cada uno de los sucesos tiene bastante bien disimulado —a veces— el signo manipulador de los partidos que se disputan el puesto en el Palacio de Nariño.

Primeramente, un exguerrillero de las FARC en huelga de hambre como reacción a la intención del estado colombiano de extraditarlo a Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Inmediatamente después se produce la paralización del diálogo entre gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ante la decisión de Ecuador de retirar sus oficios como sede del proceso. La causa, relacionada con duros enfrentamientos en la frontera colombo-ecuatoriana y la muerte de periodistas en circunstancias aún por determinar. A lo que se suma del otro lado del país, también en zona fronteriza pero esta vez  con Venezuela, un fuego cruzado entre el ELN y otro grupo armado ilegal, el Ejército Popular de Liberación, EPL, situación que ha desencadenado una crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Y todo este panorama a poco de la primera vuelta presidencial,  a la que necesariamente le seguirá una segunda ronda por la pluralidad de candidatos y la oscilación de los sondeos.

Así es Colombia de compleja, sobre todo cuando se avecinan decisiones de país, y es el caso de los comicios para elegir al sucesor de Santos. Todo, absolutamente todo, pasa por ahí y se hilvana en función de un fin último electorero. Si bien el proceso de paz no es, como en las elecciones pasadas, el centro de esta votación, indirectamente está en juego y se usa como baraja de doble cara.

El inculpamiento a Jesús Santrich en un escándalo de tráfico de drogas conviene como anillo al dedo al gobierno para responder en contundencia a todos los que critican el acuerdo de paz y hablan de impunidad para los reincorporados de las FARC. Al poner a Santrich tras las rejas e intentar extraditarlo hacia Estados Unidos, se echa por tierra la tesis uribista de que los crímenes pasarán por alto. Puede ser real, o no, la implicación de este hombre, que no es cualquiera, es prácticamente uno de los más intransigentes ideólogos de la exguerrilla, que ahora se ve envuelto en serias acusaciones por demostrar, pues existe el antecedente de casos como este, construidos de cara a la opinión pública. Pensemos en Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 60 años de cárcel tras varios juicios en los que los cargos fueron mutando hasta poder «probar» alguno. Por lo pronto, la salud de Santrich, está en juego, es su segunda huelga de hambre en poco tiempo, y sus correligionarios exigen esclarecer los hechos, a la vez que él insiste en su inocencia.

Por otro lado, romper el proceso de diálogo con el ELN conviene en cambio al uribismo, que sostiene el principio de «No diplomacia y Sí plomo» a esta organización. En los pocos meses que quedan para el cambio de mando, harán todo lo posible por ayudar a dilatar el proceso, que aún no encuentra sede alternativa entre el resto de los sitios posibles, incluso porque el asunto de revivir la extradición significa un peligro para los propios elenos que estudian cuidadosamente con lupa todo lo que les pasa a los de las FARC.

Los seguidores de Álvaro Uribe han mantenido el hábil discurso de decir que no enterraran el acuerdo de La Habana, pero auguran lluvia de cambios. Inteligente recurso para sumar a todos los que quieren paz pero acumulan odios históricos contra los hoy desarmados actores políticos de las FARC.

Y si pronósticos electorales hablamos, Colombia no es un buen ejemplo de vaticinio y cumplimiento. El termómetro varía constantemente y queda en la memoria el fracaso del plebiscito de paz en octubre de 2016, donde las encuestas daban rotunda victoria al Sí y finalmente se impuso en No. No obstante, sigue siendo un peligro real la popularidad del candidato de Uribe, Iván Duque, quien acumula votos a costa de implantar el miedo contra el aspirante de izquierda, Gustavo Petro. Otros derechistas, como el exvicepresidente Germán Vargas Llera han salido de la cola para puntear en las encuestas. Puede entonces darse  por un lado una batalla ideológica: Duque-Petro o, en cambio, un pulseo derechista Duque-Vargas Llera.

Lo cierto es que el conservadurismo pierde terreno frente a fuerzas nuevas en el espectro político, una tendencia que se extiende a nivel global. Tal es así que un candidato como Sergio Fajardo, de una coalición variopinta que incluye a la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Compromiso Ciudadano, luce un nada despreciable tercer puesto en muchos estudios de intención de voto. Por lo que bien podría ser una sorpresa que rompa el aparentemente sólido 40% que atesora el hoy delantero, Duque.

Así de tambaleante luce la contienda, que ha tenido en los debates presidenciales otro tanto de estupor. Todavía está fresco en la memoria el escenario de confrontación que trascendió como «la guerra del aguacate» o «aguacate vs. petróleo» como resultado de una polémica entre Duque y Petro, el primero defensor de la exportación de petróleo y el segundo del cultivo del aguacate. Esa sería la lectura inicial, pero tras cada postura, queda sobre el tapate el modelo económico que cada quien defendería en un eventual mandato: el que prioriza la extracción indiscriminada de recursos naturales, convierte a la industria en monoproductora y dependiente de la renta petrolera; y otro que trabaja en la diversificación y la potenciación del olvidado campo colombiano.

Pero desafortunadamente, las preocupaciones más serias de los colombianos no siempre marcan la campaña de los candidatos en boleta. La disputa se diluye en temas traídos a colación —desde el encarcelamiento de un exguerrillero hasta la ruptura de las conversaciones en Quito— para distraer la atención mediática y favorecer a uno de los aspirantes en detrimento del contrario. Es así que se interpretan y explotan cada uno de los sucesos con el propósito de acentuar la polarización en un país que ya ha sufrido demasiado las crudezas de la guerra. Y no olvidar que serán las primeras elecciones presidenciales con la mayor guerrilla del país en legalidad y sin armas, pero sin candidato ni fuerza, pero si estigmas, odios y críticas, por lo que sigue habiendo una línea imaginaria entre los que están con o contra las fuerzas insurgentes.