Las recientes acusaciones sobre el actual presidente de Brasil, Michel Temer, vuelven a traer el interés sobre el impeachment o juicio político, luego de que la Orden de Abogados de Brasil considerara que las conductas atribuidas al mandatario justifican el desarrollo de ese procedimiento constitucional.

De acuerdo con lo señalado por la investigadora Cintia Rodrigo:

«El juicio político es una figura constitucional que está basada en el esquema de contrapeso de poderes (check and balance), constituyendo así un mecanismo de control que otorga al congreso la posibilidad de alterar el mandato fijo del primer mandatario».

Es probable que el tema permanezca en la mente de muchos latinoamericanos, si tenemos en cuenta que hace tan solo un año Dilma Rousseff fue separada del cargo por un controversial juicio político.

Esta no es la primera vez que se aplica esa herramienta en el país latinoamericano. En el año 1992 el presidente brasileño Fernando Collor de Mello dimitió durante el procedimiento, lo que no evitó el desarrollo del juicio político para discutir entonces su pérdida de derechos políticos.

Desde los años 90 en América Latina, el impeachment ha sido empleado en repetidas ocasiones; entre 1992 y 2004 se iniciaron seis procesos de remoción de autoridades (Fernando Collor en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Ernesto Samper en Colombia, Raúl Cubas Grau y Luis González Macchi en Paraguay y Abdalá Bucaram en Ecuador). De manera más reciente, en 2012 se desarrolló un nuevo proceso que llevó a la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo; en 2015 le correspondió el turno al presidente derechista Otto Pérez Molina en Guatemala, y el último caso fue el de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016.

Si bien el juicio político tiene un carácter excepcional al interrumpir las rutinas e intercambios políticos normales, por lo general es empleado en la región como una vía para aliviar las tensiones sin alterar el orden constitucional, es por ello que surge el interés de analizar al aparato de la vicepresidencia que llega al poder como resultado de la remoción del presidente.

En el caso de Temer en Brasil, la preocupación se hizo patente desde el principio de su mandato, cuando la encuestadora Datafolha en diciembre de 2016 determinó que el 51% de los brasileños tenía una opinión negativa de la gestión del mandatario y un 63% reclamaba su renuncia en lo que restaba del año.

Las actuales circunstancias en las que se encuentra el gobernante son entonces expresión de una crisis presidencial, natural resultado de la baja popularidad, el clima político de descontento y movilización popular, las pugnas en el Congreso y entre el sistema de partidos.

Salvo excepciones como las de Dilma en Brasil o Lugo en Paraguay, cuyos juicios políticos fueron muestra del interés de revertir los triunfos de la izquierda en América Latina, una de las principales características del impeachment en la región ha sido su empleo para salir de una crisis política en los países en los que se ha dado, utilizándolo como una herramienta para apaciguar el descontento popular, al centrarse en una persona sin cuestionarse la legitimidad o pertinencia del régimen existente.

Si bien, de realizarse un juicio político contra el actual presidente Michel Temer, el resultado es prácticamente sabido, debemos tener en cuenta que este es solo la cara de todo un sistema político. Cabe preguntarse entonces, ¿frente a qué tipo de solución a la crisis política estaríamos? Por ahora resta desear que no se repita la fórmula de dominación oligárquica y que en esta ocasión la impugnación de una figura pública logre desmantelar todo un andamiaje de corrupción, incapaz de solucionar las problemáticas sociales más allá de sus propios intereses derechistas.