La Justicia Especial para la Paz ha estado en permanente y encendido debate en el escenario político-jurídico colombiano, desde su difícil concepción en La Habana hasta su paso en busca del aval constitucional y, en consecuencia, su aplicación práctica. De entonces a la fecha, ha sido un entramado legal que ha sufrido más de una mutación al punto que, de lo suscrito por las partes del conflicto en el Acuerdo de Paz a lo legislado por el Congreso de la República dista un buen trecho.

La polémica principal gira en torno a dos aspectos: la impunidad y la extradición. En su momento, cuando se negociaba en la mesa de diálogo cómo armar un proyecto de justicia transicional, el gobierno colombiano buscaba pactar sanciones carcelarias para la insurgencia, al tiempo que los guerrilleros rechazaban el pijama a rayas, pero más que todo insistían en un acuerdo que los protegiera de ser enviados a Estados Unidos y juzgados allí.

Fue extremadamente ardua la tarea de redactar los principios de la JEP para los equipos negociadores del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Sin embargo, deshacer lo que en tantas noches de desvelo y días de intensa discusión se construyó, resultó pan comido para los congresistas a la hora de crear el articulado de la Ley Estatutaria, presionados por el ultraderechista y ahora en el poder Partido Cambio Democrático, del enemigo número uno de la guerrilla: Álvaro Uribe.

Uribe y los suyos se dieron a la tarea de contarle a la ciudadanía su versión distorsionada y engañosa de lo que sería la JEP. Para el plebiscito, que buscaba el respaldo de los colombianos al Acuerdo Final de Paz, les funcionó la intimidación y lograron el impensable triunfo del No. Aun y cuando se adecuó el texto de La Habana a las exigencias de los detractores, la sombra de que el acuerdo es permisivo con las FARC siguió hasta hoy en el imaginario popular.

Es así que costó trabajo que la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Constitucional dieran luz verde a esta forma de impartir justicia, en su momento novedosa y única en el mundo cuando de resolución de conflictos se habla. A pesar de haber sido un tanto desmembrado el proyecto, seguía siendo el único posible que brindaba un mínimo de garantías a los excombatientes desmovilizados.

El presidente Iván Duque se convirtió entonces en el torpedero principal de la JEP. Intentó obstaculizar 6 de sus artículos, los mismos que se relacionan con el nudo gordiano: la extradición. Pero hasta el momento, ambas cámaras han rechazado las objeciones presidenciales, dando un golpe mortal a las aspiraciones de Duque y dejándolo mal parado en su incipiente gestión.

En medio de toda la polarización en torno a la JEP está el caso del exguerrillero Jesús Santrich, un peso pesado de la otrora guerrilla y del nuevo partido político, que fue encarcelado y permaneció preso durante buena parte del proceso de discusión para la aprobación de la Jurisdicción de Paz. Estaba sobre el tapete el pedido de extradición a Estados Unidos pues fue allí donde se le inculpó. En esta historia, Santrich parecía el primero al que se le fabricaba una contundente historia de narcotráfico, le seguía Iván Márquez, y así se pretendió descabezar a la organización ahora en legalidad, mientras que a los de abajo, la masa insurgente sin armas, se les aniquilaba selectivamente. En resumen, la guerra sucia que siempre se vaticinó sucedería tras el aparente fin del conflicto firmado con el simbólico balígrafo por los adversarios en el Teatro Colón de Bogotá.

Para suerte de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la JEP ha comenzado a dar síntomas de funcionamiento y la liberación de Santrich, así como la negativa a que sea extraditado, es la primera pequeña victoria en medio de los sinsabores e incumplimientos de la implementación de los acuerdos de paz. La decisión de los magistrados de ese tribunal especial ha desatado un terremoto político en Colombia que hizo correr, en primer lugar, la cabeza del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

La disyuntiva está ahora en ver si no surgen nuevos impedimentos y si se cumple con lo dispuesto —ya comienzan a aparecer videos que hasta el momento no se habían divulgado. No es de sorprender que se transgreda el mandato constitucional de la JEP, si ya se han violentado tantos otros estipulados de paz. Si bien Duque dijo que respeta la separación de poderes, se mostró dispuesto a firmar la orden de extradición de «cualquier sindicado por el narcotráfico», contradictoria postura que apunta a intentar revertir la medida de la corte transicional.

Es sabido que la administración en el poder no es partidaria de los suscrito por su predecesora a pesar de que su líder se comprometiera en campaña a «no hacer trizas» lo firmado. Su vocación antidialogante la confirmó al romper el proceso en curso con el Ejército de Liberación Nacional y al entorpecer el acuerdo con las FARC, el cual ha querido modificar sustancialmente desde el inicio.

Santrich viene a ser entonces el caso piloto en esta historia, de lo que suceda con él, dependerá en gran medida el futuro de la Jurisdicción Especial y, en consecuencia, del Acuerdo de Paz en su conjunto.