Acusado por la Fiscalía de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y bajo cargos de receptación, transporte y tráfico de explosivos y porte de armas —según el testimonio de una única persona, quien además recibe beneficios jurídicos por su declaración—, el viernes 8 de junio de 2018 el juez de Garantía ante el cual se presentó el caso, dictó medidas de aseguramiento que lo privarían de libertad hasta que su inocencia fuese comprobada en juicio. Once días después, el 19 de junio, Julián Andrés Gil Reyes fue trasladado al Establecimiento Reclusión de Orden Nacional (ERON), pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá.

El 5 de septiembre de 2019, en una de las audiencias preparatorias, se presentaron las primeras pruebas, propuestas de testigos e informes, que utilizarían en el juicio tanto la defensa como la fiscalía. El juicio oral se programó entonces para abril de 2020, pero producto de la propagación de la Covid-19 el proceso ha sufrido retrasos y crecen las dudas y recelos acerca de la transparencia, ya que las audiencias se celebran de manera virtual. Las irregularidades en el caso evidencian la intención del sistema judicial de ralentizar el proceso.

¿Cuál ha sido la estrategia desarrollada por la fiscalía?

Tristemente con el ejercicio que ha hecho la fiscalía en este caso y con el que han hecho en otros casos donde se encuentran personas con algún tipo de liderazgo social, vida académica o de pensamiento crítico en el país, se muestra que la justicia está parcializada y enfocada en judicializar a las personas que pensamos distinto al régimen y que pensamos en la posibilidad de organizarnos para cambiar y transformar los procesos educativos y sociales. Las artimañas que ha usado la fiscalía ponen en tela de juicio la democracia y el estado social de derecho. Tengo familiares y amigos que han sido perseguidos, incluso han tenido interceptaciones.

En mi caso, yo sufrí persecuciones cerca de un año antes de mi captura e intimidaciones por parte de la Policía en repetidas ocasiones. Vemos que la justicia en este país está en un estado crítico y no es algo reciente, sino que es un proceso que lleva varios años y que en este momento existe el grave riesgo de que sea mucho más profunda la degradación del proceso jurídico del país. La fiscalía defiende claramente los intereses de cierta clase del país. No es un secreto que defiende los intereses de los adinerados, incluso, de los mismos paramilitares.

¿Crees que el manipulado y malintencionado despliegue mediático relacionado con tu caso persigue justificar esta larga prisión provisional?

El despliegue comunicativo que malintencionadamente ha hecho la fiscalía, el Ministerio de Justicia y el aparato policial del país tiene la clara intención de ensuciar mi nombre y dañar, tergiversar y deslegitimar la vida política del Congreso de los Pueblos, y la vida política de los procesos de base y los procesos barriales que lo componen. Pretenden invalidar una forma de proceder políticamente en el país; quieren judicializar la experiencia de pensar distinto a la violencia impuesta por el Estado. Con este proceso mediático no solamente me están señalando a mí, sino que están señalando a muchísimas personas, a la mayor parte de la sociedad colombiana, que piensa distinto. Se quiere imponer el miedo ante una posibilidad de cambiar el orden de las cosas. Es claro que los medios de comunicación son un poder tácito en el país, tienen más poder que el gobierno en algunos casos. Las ideas que se exponen allí son las ideas de los conglomerados económicos, que acusan y atacan a todas las personas que quieran defender el páramo, la montaña, la educación pública o un derecho en un barrio. Quieren enviar un mensaje directo a los jóvenes del país, a los estudiantes, a los académicos: que no piensen que no opinen, que no se organicen. Igual, nosotros continuamos tercamente pensando, opinando y organizándonos críticamente.

¿Tienes alguna esperanza de que la justicia falle a tu favor?

Recientemente en el 2016 el código penal, con la ley 1908, amplió los procesos judiciales contra quienes ellos denominan GAO (Grupos Armados Organizados). Allí se encuentran un gran número de personas que son sindicados por distintos delitos y sobre todo por el delito de ser presuntamente parte de un grupo armado al margen de los establecidos en el país. En ese grupo incluyen a los que tenemos algún tipo de liderazgo social porque nos acusan de ser parte de una organización guerrillera. Mínimamente son tres años de proceso judicial; yo llevo dos años y tres meses privado de libertad. Siento y percibo que el equipo de abogados del proceso social ha hecho su tarea muy bien, pendientes de nuestro caso y se ha dado una pelea justa en contra de las acusaciones que hace la fiscalía a pesar de que no siempre juegue limpio. Yo tengo la esperanza puesta en que, a través de la movilización social, de la defensa de la democracia y de la defensa del derecho mismo a pensar distinto y a organizarse, vamos a ganar este proceso judicial. Confío plenamente en mis defensores y sé que se trasnochan trabajando en mi caso y en el de los otros compañeros.

La lucha social en Colombia

«No solo ser líder es un delito, también lo es pensar distinto, defender los derechos humanos, cuidar la tierra y el agua, leer textos distintos, organizarse con los vecinos del barrio o de la vereda. Hasta tener sueños distintos hoy se hace prueba suficiente para configurar un delito».
Julián, 25 de junio de 2018, Colombia Informa.

Desde pequeño Julián se ha vinculado a los procesos sociales. Estuvo en el seminario de los Misioneros Claretianos en Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Bogotá, aprendiendo del trabajo de base y popular. También en la corporación claretiana Norman Pérez Bello. Es licenciado en Filosofía. Durante dos años (2016-2018) se desempeñó como Secretario Técnico y miembro de las comisiones de Formación, de Economía Propia e Internacional del Congreso de los Pueblos.

¿Cómo llegas a Quinua, y cómo este movimiento hace parte en Congreso de los Pueblos?

Quinua es un proceso juvenil que nace de la iniciativa de algunos estudiantes de las universidades públicas que nos organizamos a través de colectividades en los procesos universitarios —años 2010 y 2011— defendiendo la educación pública en contra de la legislación que en ese momento se imponía, que era una reforma a la ley 30. Posteriormente vimos la posibilidad de articularnos con algunos procesos barriales donde había bibliotecas comunitarias. Allí empezamos a coordinar un trabajo popular en el barrio Britalia con niños y jóvenes, en ese foco pequeño que es una biblioteca comunitaria. Posteriormente, por razones de la vida, terminamos en la localidad de Bosa. Allí organizamos, de conjunto con otra organización comunal, espacios culturales y educativos a través también de una biblioteca y de un centro comunitario. Empezamos a organizar una propuesta de trabajo político y organizativo, y desde allí supimos del Congreso de los Pueblos, que política, práctica e ideológicamente se ubicaba afín con nuestros intereses por sus formas de hacer y de organizarse, sin decir que es la única, pues sabemos que hay distintas formas de hacer y trabajar políticamente en el país.

Pues allí nos ubicamos, nos comprometimos mucho más, conocimos su forma de trabajo en otras regiones del país, fuimos a conocer esas formas organizativas del proceso campesino, juvenil sindical y de mujeres, y entonces nuestra propuesta, que es una propuesta barrial, el procesito de base de Quinua, en el que la mayor parte son maestros, están estudiando sus maestrías o son educadores populares, decidió cambiar un poco su identidad y ser una propuesta de movimiento popular dentro de la localidad, atendiendo otras poblaciones sobre todo los temas de las mujeres y los jóvenes.

¿Qué opinión tienes acerca de la situación social derivada a partir de los acuerdos de paz firmados entre la FARC-EP y el gobierno de Santos?

Lo que hemos visto en el periodo posterior al proceso de diálogo ha sido el asesinato sistemático de líderes sociales, la persecución al movimiento social y popular colombiano y lo que podríamos denominar un cierre de las posibilidades democráticas de participación en el país.

Han sido perseguidos los firmantes de este proceso de paz y han sido asesinadas más de 300 personas, entre excombatientes y líderes de este proceso social y popular colombiano. En el Congreso de la República han sido bloqueados y no han tenido un calado social como ellos mismos tal vez esperaban.

Hemos visto como se ha ido resquebrajando este proceso y han ido expulsando a algunos miembros anteriores del secretariado y miembros ahora del Senado de la República. Otro reflejo de este proceso fue la captura de Santrich y su posterior vinculación a un grupo armado de las FARC-EP junto con otras personas que han decidido optar nuevamente por las armas. Esto refleja un fallo en este proceso de paz en el que definitivamente no se atendieron las exigencias fundamentales o fundacionales de este proceso armado, no se atendieron las exigencias que ellos mismos firmaron en el proceso de paz, y más bien hubo una traición férrea por parte del Estado colombiano, por parte de la oligarquía que sistemáticamente ha continuado negando sus derechos y ha defraudado el acuerdo firmado.

Hoy vemos como este proceso de paz impactó negativamente en el movimiento popular colombiano puesto que muchas de las reivindicaciones que hacen parte de las históricas luchas del pueblo, ellos intentaron resolverlas en una mesa de diálogo donde no estaba integrada la sociedad, pero en la que sí, definitivamente, quedaron como bloqueadas algunas de las reivindicaciones de las luchas que hacen parte del movimiento popular.

Un asunto a revisar es la posibilidad de confiar en quienes están gobernando y eso lo hemos visto en distintos escenarios de diálogo en los que el gobierno siempre ha optado por defender los intereses de las empresas privadas, los conglomerados económicos, y perjudicar los intereses del campesino, del habitante de ciudad, del trabajador de a pie.

En resumen, el resultado del diálogo entre las FARC-EP y el gobierno es el reflejo de una fallida democracia en el país, una fallida propuesta de participación política y social donde la forma de resolver los problemas que se ha impuesto —desde la invasión de los españoles hasta el momento— se sigue repitiendo y es la forma de la violencia y las múltiples violencias que se imprimen en la cotidianidad del país y que niegan sistemáticamente la posibilidad de que millones de personas participemos de la vida política de Colombia.

A esta triste realidad se suma la proliferación de la Covid-19…

En esta situación de pandemia se han marcado mucho más las asimetrías sociales. Los recursos que habían sido asignados para atender esta emergencia nacional, se han destinado a sufragar los pasivos de los bancos: se sigue privilegiando a la clase poderosa del país.

Cerca de 80 billones de pesos que habían sido destinados para atender el mejoramiento de las UCI [Unidades de Cuidados Intensivos] para la atención médica de las personas contagiadas por la Covid-19, se desviaron hacia las arcas de los banqueros. Lo más grave es la forma clasista en que gobierna la élite colombiana que sigue pasando por encima de los derechos de las personas que habitamos este país.

La persecución al movimiento social y popular colombiano, a los líderes barriales y comunales y la negación de los derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida, no solo afectan a los que estamos presos, sino a las clases populares y a la clase media colombiana.

¿Cuáles son los desafíos que tiene el Congreso de los Pueblos y los líderes y activistas sociales ante esta situación?

El desafío que tenemos como movimiento popular colombiano es lograr la unidad de todas las fuerzas vivas de la sociedad donde sin distingo ideológico o político podamos avanzar en lograr una propuesta de país. Unificar propuestas concretas que calen en la vida cotidiana de la sociedad, en los trabajadores, campesinos, estudiantes, trabajadores del hogar, que en estos momentos se encuentran en condiciones muy denigrantes.

No debe verse como una unidad hacia adentro de los límites del país, sino que se extienda por Latinoamérica y por el mundo, la unidad de los procesos populares para enfrentar estos gobiernos retrógrados neoliberales que lo que hacen es llevar a menos los derechos que han sido ganados en las luchas de las fuerzas populares.

Debemos renovar los métodos de trabajo para lograr las ansiadas transformaciones sociales. Más allá de un revisionismo ideológico o político, debemos pensar el contexto global de este siglo XXI que definitivamente plantea unos desafíos a los cuales no podemos dar las mismas respuestas que dimos en el siglo XX. Hemos de avanzar en nuevas respuestas que integren las nuevas expresiones de la sociedad actual.

El sistema capitalista ha reducido la posibilidad de soñar con otros mundos. Es preciso retomar la lucha histórica, renovar nuestros métodos y propuestas, aprender a comunicarnos y generar información y comunicación efectiva que cale en la sociedad; y eso tiene que ver con dejar de hablarnos a nosotros mismos e intentar hablarles a los otros, tocar la conciencia de esas personas que sufren el yugo del sistema, pero les da miedo actuar o pensar en hacer algo para cambiarlo.

FIN

Artículos de Julián Gil publicados en Contexto Latinoamericano

La cárcel, un proyecto desocializador (octubre de 2019)

Política penitenciaria y carcelaria en Colombia (junio de 2020)

Saber qué es lo que nos jode es fundamental para entender cómo combatirlo (junio de 2020)