Quizás, indignación, no es la palabra exacta para describir los acontecimientos que durante los últimos días han sacudido la vida política y social de Bolivia.

Parecía imposible imaginar que una de las naciones más estables dentro del panorama de contradicciones y problemáticas que sacude nuestra región, se encontrara en una lamentable escalada de violencia y violaciones de los derechos humanos y parlamentarios, contra la población y contra los que han ejercido el gobierno del MAS que preside Evo Morales.

El investigador y catedrático Atilio Borón, publicó, momentos después del golpe de estado, un artículo con  cinco lecciones que debía aprender la izquierda ante estos complots tan bien ejecutados por los inescrupulosos agentes de la oposición, con el apoyo y el financiamiento de los Estados Unidos y sus secuaces.

Sin embargo, por repetida que sea la fórmula para aplastar la democracia, quizás pecamos de ingenuos o pensamos que la fuerza de la verdad es suficiente para defendernos de las mentiras que traman contra la libertad.

Lo cierto es que a pesar de unas elecciones justas y claras, como bien lo demostró un informe presentado por el Centro de Investigación y Política de Estados Unidos, el presidente legitimo de ese país se encuentra asilado en México, lejos del cargo que es suyo por voto popular.

Mientras eso sucede, una especie de deja vú nos transporta al pasado, cuando en Venezuela un «personaje caricaturesco», de apellido Guaidó,  se autoproclamó como presidente, acción emulada ahora por la opositora boliviana Jeanine Añez, quien intenta por todos los medios, hacerse con una posición que no le pertenece.

Si nos remitimos a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 169 estipula que: «En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de esta o este, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de esta o este por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días».

Morales presentó su renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional y también dimitieron de sus respectivos cargos el vicepresidente Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli.

Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, alega que está en su derecho de asumir la  presidencia transitoria, cuando es competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobar o rechazar las renuncias, tanto de Evo Morales como de los demás funcionarios en la línea de sucesión constitucional.

Es decir, se autoproclamó una presidenta sin haberse aprobado antes la dimisión del actual presidente.

No se hizo lo establecido de que «en caso de que ese órgano legislativo acepte las renuncias debe elegir a los nuevos jefes de ambas cámaras, un mandatario interino y establecer un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Quien ocupe la presidencia provisional deberá convocar a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días».

La realidad es que las acciones de la oposición parecen estar encaminadas a utilizar todos sus recursos- en los que se resaltan con broche de oro los grandes medios de comunicación- para deslegitimar todas las victorias del Morales e impedir que vuelva al lugar donde debe estar.

Mientras, en las calles, el pueblo reclama justicia, y en la arena internacional países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, alzan su voz para pedir la unión de los movimientos sociales de izquierda y el apoyo necesario para que Bolivia no se convierta en una nación sin esperanzas.