Recuerdo perfectamente que mi primer trabajo en el periodismo como recién graduada fue el tema de Argentina y la debacle que significó para esta nación el gobierno del presidente Mauricio Macri, un mandatario capaz de dinamitar todos los aciertos del kirchnerismo en tan solo cuatro años en La Casa Rosada.

Sin embargo, como destacaba recientemente en el espacio estelar de la Mesa Redonda la colega Rosa Miriam Elizalde, el pueblo argentino supo identificar la manipulación mediática con la que eran bombardeados constantemente por las grandes cadenas televisivas, al servicio de un estado corrupto e insensible antes las necesidades de su gente.

Por esta razón, ni todas las estrategias posibles, ni las mentiras orquestadas contra la expresidenta Cristina Fernández, lograron volver a colocar a un gobierno de derecha en el poder por otro periodo presidencial.

Dos Fernández al mando

El 27 de octubre del 2019, con el 95,7% de las papeletas escrutadas, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, se imponía en primera vuelta con el 48% de los votos, dejando atrás a su contrincante Mauricio Macri con el 40,5%, según la Cámara Nacional Electoral.

De esta forma, volvía al poder en Argentina un gobierno preocupado por el sufrimiento de los ciudadanos, fuertemente golpeados por una severa crisis económica, altas tasas de inflación y grandes deudas, destacándose la contraída con el «amable Fondo Monetario Internacional».

A la salida de Macri del poder el 10 de diciembre del 2019, el nuevo presidente electo se encontró con una tarea titánica para restablecer un país en ruinas y aunque solo lleva escasos meses en la presidencia, ya es oportuno hacer un breve análisis de sus primeras determinaciones.  

De acuerdo con la agencia rusa Sputnik, una de las medidas de la dupla Fernández-Fernández fue la presentación para ser aprobado ante el Senado de un proyecto de ley que declaraba la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en nueve áreas del Estado: la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Esta misma fuente asevera que la disposición tiene como objetivo constituir un nuevo impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que grava por los próximos cinco años un 30% la compra de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior, como la compra de billetes aéreos.

El 70% de lo recaudado a través de este proyecto de ley se destinará a la Seguridad Social, mientras el otro 30% restante se dedicará a obras de vivienda e infraestructura.

La iniciativa también suspende por seis meses el esquema tarifario de los servicios públicos, así como la fórmula con la que se calculaban los aumentos de las jubilaciones, que consistía en una ecuación que tomaba en cuenta erróneamente, los salarios y la inflación a partes iguales.

Para satisfacción del pueblo argentino, de acuerdo con Telesur, la Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia económica con 134 votos a favor y 110 en contra, después de 15 horas y media de debate, en lo que significó un primer triunfo clave para el gobierno de Alberto Fernández,  quien puede ejecutar, durante un año, medidas impositivas, previsionales, financieras, administrativas, sociales y sanitarias sin tener que acudir a los mecanismos del congreso.

Sin embargo, no solo la ciudadanía de este país ha podido evidenciar los cambios ocurridos con el nuevo gobierno. Según  refiere el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), las primeras acciones del Ejecutivo, también ponderan el diagnóstico oficial acerca de la crisis económica, así como la confianza sobre la inyección de dinero para los sectores más vulnerables, que son, además «iniciativas para que la clase media recupere poder adquisitivo, lo que impactará en el consumo».

Por otro lado, se destaca también la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para despenalizar el aborto y permitir que cualquier interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo en los centros de salud públicos.

Asimismo, es de vital importancia el incremento del 2,3% de las jubilaciones más una suma fija de 1.500 pesos (23 dólares al cambio del día) para casi la mitad de los jubilados, que cobran la pensión mínima.